(Redacción Original, noviembre 2019)
El punitivismo se alimenta del autoritarismo, como cuando durante entre los años 1964 y 1977 el ejercito argentino importó el concepto de «enemigo interno» de los manuales franceses y estadounidenses empleados en Argelia y Puerto Rico, empleando el concepto como una justificación para el terrorismo de Estado y la violación de derechos humanos.
El punitivismo se tiñe también de narcisismo al considerarse autoridad con la capacidad de acusar, juzgar y condenar sin a otro ser humano. El castigo no repara el supuesto daño, pero funciona como una catarsis individual para el verdugo, y provee confirmación para cierta paranoia e inseguridad frente a a una conducta que no se alinea a esa conducta óptima.
Pero, sin embargo, existe otra vía que Nora Cortiñas señaló en una de sus últimas visitas a Bahía Blanca: «Donde haya injusticia… ahí me planto». Plantarme significa establecer un límite y desde allí desobedecer al miedo y enfrentar la amenaza con dignidad. Documentar y reunir evidencia, como hicieron y continúan haciendo los colectivos de derechos humanos. Acompañar a víctimas organizadamente para reducir el impacto de las injusticias y adversidades que les aquejan. Comunicar creativamente y con firmeza, denunciando incluso sistemas de cara a su transformación, no personas como un castigo.
El dolor ajeno es también el nuestro. Como nos enseñaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la justicia no habita en el castigo; sino en el ejercicio de la memoria, en la afirmación de la verdad y el reclamo por reparación. Las Madres nos enseñaron que la memoria es un acto político. Hoy, el desafío es convertir cada dolor en acción: no para castigar, sino para transformar las condiciones existentes y así superar cada adversidad.- Porque la defensa de otro ser humano es la única garantía de un futuro mejor, ayer, hoy y siempre.
Según el CELS (2023), el 70% de los presos en Argentina son pobres, por ello hoy el sistema penal no castiga delitos, sino desigualdades.»
| Año | Población carcelaria | % Pobres | % Jóvenes (18–29 años) | Presos sin condena | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 40.000 | 65% | 35% | 50% | CELS |
| 2010 | 60.000 | 70% | 40% | 55% | Ministerio de Justicia |
| 2020 | 100.000 | 72% | 42% | 60% | CELS |
| 2024 | 115.000 | 75% | 45% | 65% | Ministerio de Justicia |
El punitivismo en Argentina habilita el control social. Desde la Doctrina de Seguridad Nacional (1966–1983), que justificó el exterminio de 30.000 personas, hasta las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1986–1987), que dejaron impunes a los represores, pasando por el Código de Convivencia de CABA (2003), que criminaliza la pobreza, o el DNU 70/2023 de Milei, que aumenta penas para protestas, el Estado ha usado el castigo para silenciar disidencias y mantener desigualdades. Hoy, el resultado es 115.000 personas encarceladas (75% pobres, 45% jóvenes), un 65% en prisión preventiva y un sistema que gasta $1 billón anual sin reducir la inseguridad (CELS, Ministerio de Justicia).
La pregunta sigue vigente: ¿castigar o reparar?
